Los padres y madres de más de 1.500 niños y niñas de 0 a 2 años de Cantabria no saben aún cuando van a contar con la ayuda del medio centenar de Guarderías y Escuelas Infantiles privadas que suponen en esta crisis un recurso más importante que antes para la conciliación. A la par, unos 200 empleos, la mayoría femeninos, esperan una decisión de las administraciones vital para su futuro.
Esta es la situación que la Asociación de Guarderías y Escuelas Infantiles de Cantabria que preside Rosa Angulo ha trasladado al Gobierno de Cantabria y a Delegación de Gobierno hasta ahora “sin respuesta”.
Angulo recuerda que “el tiempo apremia” a las familias en las que padres y madres deben ir incorporándose a su actividad laboral en muchos casos sin el apoyo de ya de los abuelos. Pero también a las empresas cuya actividad fue cesada por el decreto que estableció el estado de alarma y que fijó ayudas que están condicionadas a que se retome la actividad en un plazo máximo de 10 días desde que este finalice.
La presidenta del colectivo reclama “una decisión clara sobre cuando debemos abrir las puertas de nuestros centros y un protocolo de seguridad sanitaria oficial que ofrezca garantías a los padres y soporte legal a las empresas”.
Angulo recuerda que las guarderías y escuelas infantiles no son empresas con una rentabilidad alta pero cubren un servicio esencial para las familias por lo que “deberían ser especialmente protegidas”. Además, la presidenta del colectivo ha recordado que “desproteger a estos centros es destruir el empleo femenino directo de las trabajadoras y el indirecto de las madres que son habitualmente quienes asumen las dificultades de conciliación”