La Asociación de Constructores y Promotores de Cantabria (ACP) ha elaborado una batería de medidas para reactivar la economía una vez superada la crisis sanitaria causada por la pandemia del coronavirus y para proteger también el futuro empresarial del sector, que ya se vio afectado de lleno por la anterior recesión, hace más de una década, perdiendo desde entonces cerca de un millón y medio de trabajadores en toda España. Entre las propuestas de la patronal, trasladadas a los grupos parlamentarios para su inclusión en el plan de choque del Gobierno regional para minimizar el impacto del Covid-19, figuran la promoción y construcción de viviendas de protección pública, el desarrollo de suelo para su edificación, ayudas a la rehabilitación y a la mejora de la eficiencia energética de inmuebles, o la creación de alojamientos protegidos para universitarios.
El colectivo profesional, que plantea estas medidas por su disconformidad con el documento, que considera insuficiente, también pide líneas financieras que faciliten el acceso a la vivienda o préstamos de la administración, a la que insta a impulsar la obra pública, licitar con celeridad y adjudicar con urgencia. En el ámbito normativo, los constructores urgen la reforma de la Ley del Suelo, la aprobación de la autonómica de Vivienda, o modificaciones de decretos para simplificar y agilizar la tramitación administrativa. Además, reclaman que parte del superávit de los ayuntamientos se destine a infraestructuras y obras públicas, y que los próximos presupuestos -del Estado, la Comunidad y entidades locales- incluyan partidas para la ejecución de nuevos proyectos, una vez superada la actual crisis sanitaria y económica, que ha provocado una importante caída de la actividad de la construcción y un notable incremento del paro en el sector, que en marzo acumulaba 319.400 parados en todo el país y 3.250 en Cantabria.
Ante estos datos y las previsiones para abril tras la suspensión de las obras durante dos semanas por el endurecimiento de las restricciones del estado de alarma, la asociación empresarial ha diseñado una batería de medidas para reactivar la economía y salvaguardar el futuro de un sector que genera el 10% de la actividad del país y que cerró el 2019 aglutinando al 6,4% de los ocupados: 1,27 millones de trabajadores, de los que uno de cada cuatro son autónomos.
En el ámbito de la promoción y la construcción, la ACP propone la creación de 8.000 viviendas de protección pública, -el 40% en régimen de alquiler, acceso diferido a la compra u otros regímenes distintos a la propiedad- y facilitar el acceso a las mismas a los ciudadanos con menores rentas, especialmente a los jóvenes.
La patronal plantea el desarrollo, por iniciativa pública y privada, de nuevo suelo para la edificación de 3.000 de esas viviendas. En este sentido, reclama al Gobierno que impulse modificaciones de planeamientos, planes parciales, proyectos singulares de interés regional y otros instrumentos urbanísticos, convenios de cesión con otras administraciones y compra directa de suelo, para reducir el precio del metro cuadrado y dinamizar el mercado inmobiliario.
Siguiendo esta línea, la APC aboga por crear un parque público de vivienda en alquiler, compuesto por al menos 600 pisos procedentes de la promoción de inmuebles protegidos, la cesión de patrimonio de diferentes administraciones para este fin, y la absorción de parte del stock de vivienda libre a precio de VPO.
En colaboración con las universidades de Cantabria, la Internacional Menéndez Pelayo y la Europea del Atlántico, la patronal de la construcción plantea la promoción de 200 alojamientos protegidos para sus estudiantes.
En materia de ayudas, el sector propone la concesión de al menos 2.000 directas para promociones de VPO con máxima eficiencia energética (clases A, B, C) y para mejorar las clasificaciones mediante reformas, y 8.000 ayudas más para propietarios que rehabiliten sus viviendas, especialmente en barrios y centros urbanos degradados pero también en núcleos rurales.
La asociación pide líneas de estímulo para facilitar el acceso a la financiación en la promoción, rehabilitación y adquisición de vivienda, y un convenio de colaboración junto con entidades bancarias y el Gobierno para favorecer el acceso al crédito de cara la compra, con la idea de que el Ejecutivo regional pueda otorgar préstamos reintegrables a los adquirientes -personas físicas- que lo soliciten, siempre y cuando cumplan los requisitos establecidos en dicho acuerdo.
A las administraciones también solicita la ACP que impulsen la obra pública incurriendo, si fuera necesario, en un endeudamiento controlado o facilitando la incorporación del capital privado para su financiación, así como máxima celeridad en la licitación y adjudicación de proyectos y en la devolución de avales presentados por las empresas en estos procesos, que han de ser más justos y en los que se debe primar a las compañías cántabras o con arraigo en la región.
Y para acabar con el problema endémico de la morosidad, la construcción exige que las entidades públicas paguen a las empresas del sector en el plazo máximo de 30 días tras la correspondiente certificación, devengando desde entonces los correspondientes intereses de demora.
En el marco normativo, los constructores y promotores cántabros abogan por varias reformas, como la de la Ley del Suelo, para revisar los límites máximos de densidad y edificabilidad y el régimen jurídico del suelo urbano incluido en ámbitos de renovación o reforma urbana, así como para disminuir el porcentaje de cesión del aprovechamiento al 5%.
También son partidarios de modificar el decreto por el que se establecen las condiciones mínimas de habitabilidad, para simplificar y agilizar la tramitación administrativa, suprimiendo la exigencia de la cédula y mejorando las condiciones de las viviendas actualizando sus determinaciones, así como de abordar la normativa urbanística para poner en valor suelos destinados a vivienda adquiridos a altos precios en su día que hoy el mercado no admite.
Y quieren que se reforme la normativa de concesión de licencias urbanísticas para que se tramiten mediante la presentación de declaraciones responsables o por urgencia y que esto se aplique también a las que se encuentran en tramitación. Defienden además que las licitaciones y adjudicaciones de infraestructuras necesarias para prestar servicios públicos se realice igualmente por el procedimiento de urgencia, para acortar los trámites.
Finalmente, la ACP urge a terminar y aprobar la Ley Autonómica de Vivienda.
