La Asociación de Constructores y Promotores de Cantabria (ACP) lamenta que el Gobierno de España no haya atendido sus peticiones ante la crisis del coronavirus y se haya ‘olvidado’ del sector en las medidas aprobadas con motivo de la declaración del Estado de Alarma en todo el país durante el menos quince días -prorrogables- para intentar frenar la epidemia.
La ACP urgió el pasado viernes al Estado a adoptar decisiones temporales y excepcionales por la alerta sanitaria del Covid-19 y sus consecuencias económicas, como la agilizar las regulaciones de empleo, con la simplificación de los procedimientos y acortamiento de los plazos, para evitar escenarios irreversibles en el ámbito empresarial y en el mercado laboral, en un ámbito en el que es imposible el teletrabajo.
Sin embargo, al no restringirse la actividad de la construcción con la declaración del Estado de Alarma, las obras iniciadas y en marcha han de seguir ejecutándose durante las próximas semanas, pese a los múltiples problemas a los que se enfrenta el desarrollo de las mismas.
Así, y además del propio coronavirus -si surge un caso en una empresa y el consiguiente elevado riesgo de contagio-, los empleados del sector se topan con las dificultades derivadas del desplazamiento desde su residencia o empresa al lugar de trabajo, esto es, donde se construyen infraestructuras, viviendas, etcétera.
"¿Cómo se conjugan las restricciones de movimiento con el desplazamiento a las obras?”, se pregunta la ACP, que recuerda al respecto que en la mayoría de los casos se trasladan juntos en un único vehículo varios operarios de una misma empresa. “A partir de ahora, ¿van de uno en uno? ¿o cómo van?”, se cuestiona el colectivo profesional.
A lo anterior se suma, además, el hecho de que numerosas firmas constructoras de Cantabria desempeñan su actividad en la vecina Comunidad Autónoma del País Vasco, uno de los principales y mas preocupantes focos del coronavirus en España.
La asociación también alude al problema derivado de la manutención de los operarios del sector que se ven obligados a desplazarse para trabajar, y se pregunta asimismo cómo se atiende esta necesidad: “¿Dónde comen si no abren bares ni restaurantes?”.
En relación con esto mismo, las restricciones que obligan a bajar la persiana a distintos comercios y establecimientos, los constructores cántabros se plantean cómo se pueden surtir de determinados suministros y materiales si sus proveedores están cerrados, como sucede por ejemplo con las ferreterías y otros locales.
Con todas estas cuestiones y otras que puedan surgir en los próximos días, la ACP se queja de que el Gobierno no haya tenido en cuenta esta actividad en las medidas adoptadas con la declaración del Estado de Alarma y lo achaca al “escaso interés” de la administración hacia las empresas del sector, a las que no ha tenido en “consideración” y que tendrán que acarrear con las consecuencias económicas que la crisis del coronavirus provoque en su actividad.
