El informe trimestral de la economía española, elaborado por el Servicio de Estudios del Departamento de Asuntos Económicos y Europeos de CEOE, revisa a la baja las perspectivas para la economía española. En 2018, se estima un crecimiento del PIB del 2,7% (2,8% anterior) y para 2019 del 2,3% (2,6% precedente). Las previsiones siguen siendo positivas, pero la desaceleración prevista se ha intensificado levemente para 2018 y algo más para 2019.
Constata que la economía comienza a mostrar señales de pérdida de impulso en algunos elementos que habían reactivado la actual etapa expansiva, como el bajo precio de las materias primas, sobre todo del petróleo, el descenso de la inflación, la fortaleza de nuestros principales socios comerciales y el notable dinamismo del sector turístico nacional.
A ello se suma la incertidumbre creada por los anuncios sobre medidas fiscales que el Gobierno ha ido lanzando a la opinión pública desde la moción de censura. Medidas como el impuesto a las tecnológicas, el impuesto sobre transacciones financieras, el gravamen específico sobre beneficios de las entidades financieras, el impuesto al gasóleo, el incremento del impuesto de sociedades, la tributación sobre beneficios obtenidos en el extranjero, las SICAV, las SOCIMI, etc.
En España no existe un problema de recaudación tributaria. La recaudación de 2017 se ha situado prácticamente en los mismos niveles de 2007, máximo de la serie histórica, y la prevista para 2018 la supera. Lo que sí existe es un problema de gasto y de su gestión que se pretende sufragar subiendo la fiscalidad, en un momento en el que lo que se precisa es consolidación, contención del déficit, reducción de deuda pública, recuperación de empresas e inversión. No “globos sonda” para crear incertidumbre e inseguridad.
Si aumentamos el coste de la energía, el coste financiero, el coste laboral, el coste fiscal, etc. el juego no puede ser de suma cero sino que tendrá su impacto en la inversión empresarial y en la creación de empleo.