El pasado nueve de marzo entró en vigor la nueva Ley de Contratos del Sector Público por la que se trasponen a nuestro ordenamiento jurídico las directivas con las que la Unión Europea quiere establecer un marco de mayor eficiencia y transparencia para la contratación pública, así como de mejores condiciones económicas para los gobiernos. De los aspectos novedosos que presenta esta norma destacan, entre otros, la nueva tipología, desaparición del contrato de gestión de servicios públicos y del contrato de colaboración público-privada y creación del contrato de concesión de servicios; los cambios en los procedimientos de selección y adjudicación con la eliminación del contrato negociado sin publicidad por razón de la cuantía; las medidas dirigidas a dotar de una mayor publicidad a las licitaciones y a simplificar su tramitación; las soluciones para abrir la concurrencia a las PYMES; fraccionamiento en lotes, o la importancia de la valoración conjunta de elementos económicos y cualitativos en la adjudicación. Cobran también especial relevancia las medidas enfocadas a restringir la contratación menor.
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