La Junta Directiva de CEOE, reunida este miércoles, ha abordado varias cuestiones muy relevantes de la esfera laboral que, trascendiendo a este ámbito, pueden incidir de forma directa y grave en el propio funcionamiento de la economía de nuestro país y de Europa. El Ministerio de Trabajo ha propuesto la modificación inminente de algunos artículos del Estatuto de los Trabajadores, entre ellos el que regula la subcontratación de obras y servicios (artículo 42), pese a que este punto no fue objeto de la última reforma laboral.
Las empresarias y los empresarios españoles siempre hemos defendido el valor de las personas trabajadoras como elemento clave para la competitividad de las empresas. Sin embargo, esta propuesta, en sus actuales términos, podría aparejar graves consecuencias para el tejido empresarial y el empleo, y por ello no podemos secundarla. En la actualidad, la economía española y europea se basan en un modelo ya consolidado de descentralización y colaboración, en el que la mayor parte de las empresas y sectores delegan en diferentes niveles de subcontratación tareas y servicios especializados, logrando una mayor eficiencia y adaptación al entorno. Esto ha generado un tejido empresarial muy sólido.Sin embargo, una reforma que limite las opciones de descentralización hará prácticamente inviable la supervivencia de muchas empresas españolas.
Concretamente, si el Ministerio de Trabajo aprobara su propuesta para que toda la cadena de subcontratación adopte las condiciones laborales de la empresa principal, muchas empresas subcontratadas verían peligrar su viabilidad y, con ella, muchos puestos de trabajo. A esto se añade que no sería posible desde la empresa principal absorber todo el empleo que generan estas empresas, máxime en el actual contexto de desaceleración. Por tanto, vemos claramente que la solución planteada por el Ministerio podría generar riesgos no medidos. Con todo, después de un profundo análisis, efectivamente existen unos efectos no deseados de la reforma laboral de 2012 que se circunscriben a la posibilidad de regular por convenio de empresa los salarios de los trabajadores. Esto ha dado lugar a que un reducido número de estos convenios establezca salarios por debajo del convenio sectorial, que ni amparamos ni compartimos.
Para eliminar este efecto no deseado y no hacer desaparecer de nuestro ordenamiento una figura clave como es la subcontratación, desde CEOE y Cepyme proponemos que las condiciones salariales y de jornada de las personas trabajadoras se regulen en estos casos a través de la negociación colectiva sectorial, legitimando al convenio de empresa a regular las cuestiones que conciernen a su organización interna.
Por otro lado, como ya habían anunciado ambas organizaciones, tras analizar los efectos de la última subida del salario mínimo (SMI) hasta los 950 euros, han corroborado que está teniendo un impacto negativo en el sector de las empresas que prestan servicios a la Administración, al no estar indexados los contratos públicos al SMI. También en el empleo del sector agrario, en el que esta subida ahonda en los problemas de costes que arrastra el campo desde hace años. Por ello, CEOE y Cepyme han vuelto a mostrar toda su solidaridad y apoyo en estos dos ámbitos.
